El recurso será destinado a servicios jurídicos, médicos y psicológicos, campañas de prevención y estrategias de atención a mujeres en situación de violencia.
También se contempla reducir el rezago en investigaciones de delitos como feminicidio, violencia sexual, lesiones dolosas y homicidio de mujeres.
Nuevo León recibirá 5 millones 233 mil 031 pesos para desarrollar programas y acciones vinculadas con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres durante el ejercicio fiscal 2026.
De acuerdo con el convenio de coordinación publicado en el Periódico Oficial, los recursos serán depositados en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para su aplicación dentro del proyecto autorizado en materia de atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
Entre las acciones contempladas se encuentra garantizar el acceso oportuno, gratuito y especializado a servicios jurídicos, médicos y psicológicos para víctimas directas e indirectas de cualquier forma de violencia.
El recurso también deberá utilizarse para diseñar y ejecutar campañas permanentes de prevención del feminicidio y de la violencia sexual en espacios públicos, transporte, medios digitales y comunidades. Estas acciones deberán incluir información sobre rutas de atención y números de emergencia.
Asimismo, se prevé implementar estrategias enfocadas en la recuperación y apropiación segura e inclusiva de zonas identificadas con riesgo o altos índices de violencia contra las mujeres.
Otro de los objetivos establecidos es atender el rezago en carpetas de investigación relacionadas con delitos como violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra las mujeres, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres.
La asignación se da en un contexto en el que Nuevo León acumuló 23 mujeres asesinadas durante los primeros cuatro meses de 2026, según las cifras referidas en la información publicada. De ese total, 17 casos correspondieron a homicidio doloso y seis fueron clasificados como feminicidio.
La aplicación de los recursos deberá orientarse a fortalecer la atención institucional, la prevención y el acceso a la justicia para las mujeres y sus familias.
