Tres iniciativas para regular estos negocios han sido desechadas en distintas legislaturas del Congreso local.
La falta de reglas permite cobros discrecionales y deslindes de responsabilidad por daños, robos o pérdida de boletos.
Los estacionamientos públicos en Nuevo León continúan operando sin una regulación específica que establezca criterios claros sobre tarifas, responsabilidades y derechos de los usuarios, pese a que en casi 20 años se han presentado al menos tres iniciativas para ordenar este tipo de servicios.
De acuerdo con señalamientos de usuarios y activistas, en algunos establecimientos se aplican cobros discrecionales, cargos elevados por pérdida de boleto y condiciones en las que los operadores se deslindan de responsabilidad ante daños, robos, cristalazos o afectaciones a los vehículos.
También se ha señalado que muchos espacios no cuentan con estándares mínimos de servicio, como baños públicos, áreas de espera, extinguidores u otros elementos básicos de seguridad. Esta situación ha generado inconformidad entre automovilistas que pagan por utilizar un espacio sin contar con garantías claras.
La activista Liliana Flores Benavides afirmó que la falta de regulación no es casual y señaló presuntos intereses económicos y políticos detrás del estancamiento legislativo. Sin embargo, hasta el momento no existen resoluciones judiciales que acrediten actos de corrupción relacionados con estas iniciativas.
El historial del Congreso local muestra que se presentaron propuestas durante las legislaturas LXXI, LXXIII y LXXVI, correspondientes a los periodos 2006-2009, 2012-2015 y 2021-2024. Todas fueron archivadas o desechadas sin lograr una regulación vigente.
Entre los puntos que se han planteado para una posible regulación se encuentran la definición de tarifas, la obligación de contar con pólizas de seguro, medidas de seguridad, reglas ante pérdida de boletos y responsabilidades de los operadores.
Mientras el tema no avance en el Poder Legislativo, miles de automovilistas seguirán utilizando estacionamientos públicos bajo condiciones establecidas por cada empresa, sin un marco claro que proteja plenamente a los consumidores.
