La CEDH reportó mil 476 expedientes de queja contra la Secretaría de Educación estatal entre 2021 y agosto de 2026.
Entre las principales problemáticas también aparecen cuotas obligatorias, falta de educación inclusiva, violencia escolar y discriminación.
La negativa de inscripción en escuelas se encuentra entre las principales inconformidades presentadas por madres y padres de familia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH), en el contexto del inicio del ciclo escolar 2026-2027.
De acuerdo con el organismo, entre 2021 y el 25 de agosto de 2026 se registraron mil 476 expedientes de queja en los que se señala a la Secretaría de Educación de Nuevo León como autoridad presuntamente responsable. Los casos corresponden a mil 840 personas agraviadas.
Además de las negativas de inscripción, las inconformidades incluyen el cobro de cuotas obligatorias, deficiencias en educación inclusiva, deterioro de instalaciones escolares, acoso y violencia escolar, agresiones físicas entre estudiantes, falta de aplicación de protocolos de seguridad y casos de discriminación.
La CEDH informó que durante este periodo se han emitido 328 medidas precautorias y cautelares. Asimismo, reportó un incremento de 234% en los expedientes registrados, al pasar de 91 durante 2021 a 304 durante el año anterior.
Dentro de los casos documentados, 178 expedientes corresponden a estudiantes con alguna discapacidad, relacionados con posibles vulneraciones en materia de educación inclusiva, igualdad y no discriminación, integridad personal y derecho a una vida libre de violencia.
Ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación, la CEDH solicitó a la Secretaría de Educación estatal implementar medidas para garantizar accesibilidad, prevenir riesgos relacionados con el deterioro de infraestructura y asegurar el acceso a la educación sin condicionamientos.
También pidió fortalecer la atención a estudiantes con discapacidad, los mecanismos de seguimiento para las familias, la prevención de violencia escolar y la supervisión de escuelas particulares.
El organismo estableció un plazo de 10 días para que la autoridad educativa informe sobre las acciones implementadas para atender las problemáticas señaladas.
